Cuando obtuve mi título de tercer nivel, había terminado una tesis que proponía soluciones pedagógicas para formar profesionales que actuaran con ética y convicción social en los tribunales de justicia de la República, contribuyendo así a cambiar el modus operandi de la función judicial que los ciudadanos critican y rechazan. La Universidad es por excelencia el actor social que debe contribuir con su comunidad formando profesionales capaces de responder eficazmente a las necesidades ciudadanas, capaces de cambiar el status quo, crear desarrollo y bienestar. La palabra "Universidad", etimológicamente hablando, se origina en "universitas", que significa "universalidad".

Es en el seno de las universidades donde deben desarrollarse las más trascendentes actividades de investigación científica, orientadas igualmente a cubrir las necesidades más urgentes de la comunidad.  En un país agrícola como el Ecuador que necesita además, industrializarse, resulta al menos extraño que la mayor cantidad de títulos que ofertan las universidades no sean carreras técnicas sino relacionadas con la administración y el márketing. En otras palabras, la universidad debe existir para servir a su gente; independientemente de que se trate de una institución pública o privada.  Este es un concepto evidentemente ausente en muchos establecimientos de "educación superior", cuyo visible designio es la obtención de ganancias económicas como primera prioridad, siendo obvia la ausencia de una planificación que contemple algún tipo de visión comunitaria.

Polémico resultó el informe presentado por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CONEA) que clasificó, conforme el cumplimiento de ciertos estándares de calidad -academia, estudiantes y entorno de aprendizaje, investigación y gestión interna-, a las universidades que funcionan en nuestro país.  Las que se encuentran en el grupo A aceptan de buena gana el informe y lo difunden con orgullo; las que se encuentran en el grupo E, que son 26 y cuyo cierre se recomienda, rechazan categóricamente el informe, invocan una serie de de argumentos políticos, desconocen la autoridad técnica del CONEA para realizar dicha evaluación y aducen la existencia de intereses económicos de por medio.  Quizá baste una visita a dichas instituciones para constatar la ausencia de verdaderas políticas educativas, de una planificación académica seria.

Sin embargo, existen puntos esenciales que hay que tratar y que hasta ahora ninguna de las universidades clase E ha discutido públicamente: me parece especialmente importante la cuestión de la estabilidad laboral que deben tener los docentes para garantizar su dedicación académica, su bienestar e incluso la continuidad de su vocación.  Un denominador común entre los institutos cuestionados es la ausencia de una planta docente estable: los profesores se contratan con mecanismos precarios, sin los beneficios laborales que deben proteger a los empleados y, por supuesto, sin que existan profesores a tiempo completo.  Esto se debe a que resulta económicamente menos provechoso incurrir en los gastos de seguridad social correspondientes y garantizar la permanencia dentro de la institución.  En esta situación es imposible que un docente pueda dedicarse a investigar y de hecho, los departamentos de investigación son inexistentes. ¿Cómo es posible que una universidad funcione sin contar con un verdadero equipo académico?

La institución en la que trabajo como docente se encuentra reconocida como una de las diez mejores en términos absolutos, tanto por el CONEA como por el CONESUP y organismos internacionales, pero siempre he pensado que formar parte de este grupo, en el Ecuador, apenas significa que existe transparencia en el manejo institucional y una determinación cierta de crecimiento académico, pero por todos es conocido que las mejores universidades ecuatorianas adolecen de males tremendos, como los incipientes logros en términos de investigación científica.  Si las mejores universidades dejan qué desear y deben evolucionar, qué podríamos decir de las que se encuentran en el grupo E.

En lugar de despotricar contra el informe mencionado, corresponde a las autoridades de estos planteles demostrar con hechos los errores que, dicen, contiene el estudio del CONEA. Demostrar que las instituciones tienen alguna vinculación con la comunidad, que responden a las necesidades ciudadanas, que no tratan a la educación únicamente como mercancía, que propician un ambiente de trabajo óptimo para profesores y estudiantes, que investigan, que trabajan por construir un país mejor, pues ésta no es una obligación de los entes estatales únicamente, sino de cada ciudadano, y con mayor razón, de un organismo que se dice formador de profesionales, creador de nuevas sinergias y alternativas científicas para la transformación de la sociedad.